El tratamiento de la ley se da en medio de un fuerte debate por la inclusión de un artículo que elimina la exención en el pago del impuesto a las Ganancias que gozan los miembros del Poder Judicial.
La Cámara de Diputados inició esta tarde la sesión especial para debatir el proyecto de Presupuesto 2023, que proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%, una inflación del 60%, un déficit del 1,9 por ciento y que destinará más del 70% de los recursos a gastos sociales.
Impulsada por el Frente de Todos, la sesión comenzó a las 13.45 y podría extenderse por espacio de 20 horas, con lo cual la votación en general se produciría cerca de las 3 de la madrugada, para luego avanzar con los artículos en particular.
La sesión comenzó con la presencia de 130 legisladores en el recinto pertenecientes al Frente de Todos, Provincias Unidas, Evolución Radical y la UCR.
«No es un presupuesto de ajuste»
El diputado del Frente de Todos Carlos Heller afirmó que el proyecto de gastos y recursos impulsado por el oficialismo para 2023 «no es un presupuesto de ajuste» y rechazó que hayan disminuido las partidas destinadas a gastos sociales, al señalar que suman más de 300.000 millones de pesos.
Al exponer como miembro informante de la mayoría, en el inicio de la sesión, Heller aseguró que el Presupuesto 2023 «está orientado a la inversión en infraestructura que ocupará un rol preocupante, a fortalecer el sistema de salud, la educación en todos los niveles, la extensión de las becas, la ciencia e innovación y el fomento del empleo».
«Hemos visto algunos informes periodísticos que se han centrado en el presupuesto del Ministerio de Educación pero eso es solo una parcialidad del gasto asignado a este concepto. Lo lógico es analizar los gastos por finalidad y función en los cuales se integran los gastos que proceden de diferentes fuentes. Por ejemplo hay partidas que están en el Ministerio de Obras y que tiene que ver con la realización de edificios para las escuelas pero que forman parte de los gastos destinados a la Educación», dijo el legislador.
En ese contexto, señaló que se han incrementado partidas sociales por un monto de 322 mil millones de pesos, con lo cual «no es un presupuesto de ajuste».
También se refirió al proceso inflacionario que existe en el país y en ese sentido señaló que «la búsqueda de un descenso gradual sin recurrir a un shock antiinflacionario es lo aconsejable porque conocemos los argentinos las consecuencias que tienen los shocks antiinflacionarias y devaluatorios».
Señalo que en ese marco «el crecimiento es fundamental para poder encarar los diversos problemas que tenemos por delante, aunque está claro que hace falta un Estado activo que actúe en la regulación de la puja a favor de los que menos tienen y más necesitan».
«Son muchísimas las cosas que tenemos por delante y que hay que resolver y entendemos que el proyecto de presupuesto va en esa dirección», agregó.
También destacó que el Gobierno tuvo que renegociar el acuerdo con el FMI que firmó la administración de Mauricio Macri y que no hubo «otro camino que la renegociación, ya que si no en el 2022 había que pagar 19 mil millones de dólares y eso era imposible. Por eso hemos logrado un acuerdo posible».
En su exposición, Heller destacó el crecimiento de la actividad económica tras «haber superado la pandemia al señalar la suba del 6,4% interanual registrada en agosto respecto a igual mes de 2021».
La oposición
Evolución Radical y Encuentro Federal son dos de los diez bloques que votarán en general a favor del proyecto, mientras que el PRO se abstendrá y la Coalición Cívica y Republicanos Unidos lo hará en contra.
La bancada radical que conduce Mario Negri aun discute si lo hará a favor o se abstendrá en la votación general.
En forma previa a la sesión, se reunió la comisión la Comisión de Labor Parlamentaria -encabezada por Cecilia Moreau- donde se definió que habrá once horas de debate y luego, tras la votación general, comenzará la discusión en particular.
La discusión en el pleno del cuerpo se dará en medio de un fuerte debate por la inclusión de un artículo que elimina la exención en el pago del impuesto a las Ganancias de la que gozan los miembros del Poder Judicial, por un monto total estimado en alrededor de $ 237.000 millones.
El lunes se realizó una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda con la conducción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que explicitaron su rechazo al artículo incluido por el Frente de Todos en el dictamen de mayoría.
Entre las distintas fuerzas políticas, el debate estuvo también centrado en la pauta de inflación del 60% proyectada por el oficialismo para 2023, así como sobre los subsidios al transporte a las provincias, la facultad para aumentar las retenciones y los recursos destinados a gastos sociales y educación.
El oficialismo ya tiene garantizada la aprobación del proyecto debido a que cuenta con 117 legisladores del FdT, 8 del Interbloque Federal, 4 de Provincias Unidas, 1 del Movimiento Popular Neuquino, y espera sumar dos de la bancada Ser, con lo que tiene asegurados más de 130 votos.
El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.
De todos los puntos que incluye el proyecto de Presupuesto 2023, el que modifica la exención de ganancias para magistrados y funcionarios del Poder Judicial es uno de los más controvertidos.
Se trata de un aspecto propuesto por el oficialista Marcelo Casaretto en la reunión de la Comisión de Presupuesto, donde estimó que esa incorporación permitiría recaudar unos 237.000 millones de pesos más a los recursos.
En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresaran desde ese momento en adelante al Poder Judicial comenzaran a tributar Ganancias.
Sin embargo, como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron, son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta el cobro de este impuesto de sus haberes.
