Mediante Decreto N°407/22 el Gobierno provincial repara los legajos personales de agentes prescindidos de la Administración Pública provincial durante la última dictadura cívico militar eclesiástica.
El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de La Pampa, Juan Pablo Fasce, se refirió a la iniciativa del Poder Ejecutivo en reconocimiento reparatorio de las víctimas de la dictadura.
“Como en su momento hicimos de público conocimiento, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, a iniciativa de esta Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Justicia y DDHH, propició la iniciación de un expediente por medio del cual se pudiera subsanar a aquellos legajos de personal que habían sido cesanteados o prescindidos de su trabajo durante la dictadura cívico militar eclesiástica del 1976 al 1983”, señaló a la Agencia Provincial de Noticias.
En referencia a los trasfondos judiciales, además de la iniciativa del Poder Ejecutivo, el funcionario indicó que “entendíamos que existía una situación por atender y resolver por la Provincia en tal sentido. A través del dictado de este Decreto 407 del 2022 se logró concretar la situación pendiente y que de alguna manera también viene no solo a dar cumplimiento a una vieja demanda de los involucrados a estas prácticas arbitrarias e ilegítimas del Gobierno de facto, sino también por una disposición del Tribunal Oral Federal que en la segunda etapa del juicio de lesa humanidad llevado adelante en la Provincia ordenaba a La Pampa cumplir con estos actos de reparación a las víctimas y por tanto este Decreto no sólo cumple con un requerimiento de todo el sector de víctimas que tuvieron que atravesar con todas estas situaciones, sino también con una demanda judicial que nos solicitaba que actuáramos como Provincia”, indicó.
Reparación
En referencia a los pedidos de una reparación económica a las víctimas de estos despidos, Fasce manifestó que “existe y como es también de conocimiento público y se ha difundido en medios de comunicación, hay representantes de este universo de víctimas que está procurando que la Provincia tenga para con ellos un resarcimiento de tipo económico.
Se alude a que dentro del Parlamento Patagónico se había discutido y dado un inicio de tratamiento a una reparación monetaria de estas características en todas las provincias que integran la Región. Al mismo tiempo se invocó la existencia de leyes de índole, tanto en las provincia de Río Negro, Neuquén y en su momento Mendoza”, continuó.
“La realidad es que La Pampa hoy no está evaluando una posibilidad de estas características pero es cierto y justo que reconozcamos que la Provincia desde el advenimiento mismo de la democracia en el 1983 hasta hoy, vino dando muestras de compromiso y responsabilidad, y lo fue demostrando en diferentes actos de reparación a las víctimas, como aquella Ley 717 donde reincorporó a gran parte de todos los prescindidos y cesanteados de la Administración Pública provincial a raíz de estos actos arbitrarios de los que hacíamos referencia. Si bien es cierto que hoy no está dentro de la agenda del Gobierno avanzar sobre una reparación económica de estas características, no es poco el paso que se dio con el dictado de este Decreto Provincial con una reparación de tipo simbólica y que tiene que ver con hacer justicia con las verdaderas causas por las cuales estos trabajadores y trabajadoras habían sido desafectados de sus labores”, concluyó.
