La acusaron como jefa de una asociación ilícita y como autora del delito de «administración infiel en perjuicio de la administración pública».
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron hoy la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también pidió el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación y sean destinados a «instituciones de bien público».
«El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados», proclamó. Luciani reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo porque “los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas”.
En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que “el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía” y que la trama de corrupción por la que acusó es la “mayor de la historia”.
Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el fiscal reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de todas las estancias de Báez y sus allegados.
Pero también reclamó que se extraigan testimonios (impulsen nuevas investigaciones) sobre las empresas que –según su concepción- contribuyeron a favorecer las maniobras de adjudicación irregular a las firmas de Báez que consolidaron el delito reprochado.
También pidió que se investiguen eventuales delitos que pudieran surgir de la información obtenida de los teléfonos de José Francisco López, donde aparecen menciones al diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
Finalmente, el fiscal le contestó al presidente Alberto Fernández, a quien le atribuyó una “injerencia indebida” sobre el Poder Judicial. En ese sentido, le refutó la afirmación de que las decisiones políticas de gobierno no son judiciales y le respondió: “todos los actos del Poder Ejecutivo son revisables por el Poder Judicial”.
Además, le recordó que cuando fue jefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz”.
En cambio, ahora varió y omitió aquella postura “para defender puerilmente a su compañera de fórmula”. Luciani cerró su alegato casi en tono político, condenando la corrupción y asegurando que si se hubiera evitado la trama delictiva que le reprocha al ex matrimonio presidencial «los sectores más vulnerables» tendrían una calidad de vida mejor.
