El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, fue consultado sobre el procedimiento por el bebé de Rancul: «Nosotros cumplimos con una orden judicial», sostuvo, y dijo que se priorizaron los derechos del bebé.
El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, defendió el accionar de los organismos provinciales en el traslado del bebé de Rancul, que se encontraba en estado de adoptabilidad y tenía una familia adoptiva seleccionada por la Justicia. Aseguró que se actuó en cumplimiento de una orden judicial y que se buscó preservar los derechos del niño.
El funcionario hizo declaraciones este martes en la Legislatura Provincial, donde acudió para abordar la modificación de la legislación que deberá adoptarse ante la entrada en vigencia de la baja de edad en la imputabilidad de menores. Pero no pudo esquivar las consultas de la prensa sobre el conflictivo procedimiento del lunes, cuando la familia sustituta fue interceptada en la caminera policial de Castex, para conseguir la entrega del niño. «Priorizamos la situación menos violenta para el bebé», afirmó.
El caso comenzó con una pareja de Rancul, Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, que recibió al bebé a los dos meses de vida como familia de contención y, con el paso del tiempo, desarrolló un fuerte vínculo con él. La pareja pidió ser considerada para la adopción, pero el planteo chocó con la normativa que impide que las familias de contención adopten a los niños que tienen temporalmente a su cargo, recapituló El Diario.
El conflicto llegó a distintas instancias judiciales y, aunque la Corte Suprema había abierto la posibilidad de analizar el planteo de la familia, la Justicia pampeana finalmente ordenó la restitución del bebé a la familia adoptante seleccionada por el Registro.
El lunes, después de que el Superior Tribunal de Justicia declarara inadmisible el recurso extraordinario presentado por la familia, se produjo el episodio más tenso: la pareja se negó inicialmente a entregar al bebé y, cuando regresaba hacia Rancul, fue interceptada por la Policía en la Ruta Nacional 35, a la altura de Eduardo Castex.
Tras el operativo, el niño fue trasladado y finalmente quedó con la familia adoptante designada por la Justicia. La Subsecretaría de Niñez sostuvo que actuó en cumplimiento de una orden judicial y dio por concluida su intervención administrativa.
«Simplemente cumplimos una orden judicial. La situación de fondo de ese niño ya estaba resuelta: estaba en estado de adoptabilidad y el Juzgado de Familia N.º 1 de General Pico ya había seleccionado a la familia adoptiva. Por lo tanto, se estaba esperando poder cumplir con esa orden judicial, materializarla y que el bebé tuviera el destino indicado por la jueza», dijo Álvarez antes de ingresar al plenario en la Legislatura.
—¿Fue una situación que se buscó hacer de determinada manera, porque se cuestionó el procedimiento? -le consultó la prensa.
—Nosotros cumplimos con una orden judicial. Fue una situación en la que se buscó actuar de la manera menos violenta posible para el bebé. Acá lo que priorizamos siempre son los derechos de los niños y niñas. En esta circunstancia, era un bebé que tenía que ir, de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa de adopción, a la familia adoptante.
—¿La ley está bien o, a partir de estos casos, podría plantearse alguna modificación?
—A nosotros no nos corresponde, en esta circunstancia, analizar eso. Creo que la ley de fondo buscó en su momento terminar con ciertas prácticas que se daban a nivel país, como la posibilidad de resolver las adopciones mediante guardas irregulares.
Creo que ese fue uno de los principales objetivos que buscó la ley cuando se modificó el Código Civil y se creó el Registro Único de Adoptantes. Se estableció un procedimiento claro y se buscó que, mediante las guardas directas, no se pudiera eludir ese sistema, para transparentarlo y hacerlo mucho más justo y equitativo para aquellas personas que realmente quieren adoptar.
En este proceso se pone en el eje el derecho de los niños y niñas. Lo que se hace a través del Registro Único de Adoptantes es buscar un perfil que sea acorde para ese niño, teniendo en cuenta que se trata de una decisión que va a ser definitiva para toda su vida.
—¿Cómo trataba esta familia de Rancul al bebé?
—No quiero hablar de eso. Es un tema resuelto. Puedo comprender algunas situaciones, pero nosotros debemos atenernos a la ley y a la orden judicial que tuvimos que cumplir.
Fue un proceso judicial transparente, en el que tuvieron la oportunidad de ejercer todas las defensas que consideraron pertinentes en primera instancia, segunda instancia y ante la Corte. Ayer se conoció el último rechazo del Superior Tribunal de Justicia, que señaló que no había recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
El Diario
